Encumbrada calificación.

Escribe Saúl Posada / 11.Mayo.2018.

En momentos que numerosas naciones, se ven degradadas por los conflictos bélicos o dictaduras, que ponen en crisis los valores que sirven de cimientos a la democracia, nuestro país recibe la encumbrada calificación, de ser el primero en América Latina, en derechos políticos y libertadores civiles. Y por razones de fuerte convicciones, que se forjan en las enseñanzas de nuestro Prócer José Artigas, nadie debe sorprenderse cuando en el marco internacional, se coincide que Uruguay se privilegia con la vigencia plena de su modelo republicano.

Ha de admitirse por mandato de la Historia, que no obstante las virtudes de nuestro sistema constitucional, ninguna nación del planeta ha logrado su perfección, lo que demuestra su alta complejidad. 

Y como no escapa al razonamiento del lector, la separación de Poderes representa una pieza fundamental en el funcionamiento del modelo, que nos jerarquiza ante la opinión pública mundial.

Ha de destacarse, que en el escenario universal, Uruguay se encuentra en el sexto lugar como país ostentador de democracia plena, con el privilegio de evaluar sus atributos, en el mismo nivel que Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda.

Ser democrático -como lo señalaba Alfredo Errandonea- "quiere decir, entre otras cosas, discutir con espíritu abierto, a partir de la base de que uno puede estar equivocado y otorgarse la oportunidad de rectificarse a través del razonamiento, utilizar en la controversia argumentos racionales, respetar la opinión del contradictador, no valerse de adjetivos e insultos en vez de razones, como tampoco arrebatarle sus ventajas de posicionamiento".

Como señalamos anteriormente, la necesaria división o distribución de potestades o competencias, entre los Poderes clásicos del Estado -al margen de su alto mérito como garantía institucional- suelen tener inevitables conflictos, que la realidad ha puesto en evidencia en todas las épocas.

Nadie ignora que quienes se encuentran en el marco de la oposición, cuestionan a los gobiernos que cuentan con mayorías legislativas absolutas, donde la disciplina partidaria por ser tan rígida, culmina desvirtuando el papel del Parlamento.

Ese hipotético desenlace, siempre quedará desmoronado, en virtud de que el partido o lema triunfador, ha de defender el pronunciamiento de las urnas, con la legítima advertencia que no es aconsejable, que las minorías se sumen, para obstaculizar la aplicación del programa, que el pueblo laudó en los comicios.

Ello implicaría legitimar la anarquía, subordinando el orden constitucional a la voluntad de quienes no tienen claros sus horizontes.